Entendiendo el Programa EB-5

Cuando un ser querido comienza a mostrar señales de demencia u otro tipo de deterioro cognitivo, es posible que te enfrentes a una serie de desafíos emocionales y prácticos. Por ejemplo, su comportamiento puede cambiar, o puede empezar a perder la memoria o la capacidad de realizar actividades cotidianas, lo que puede ocasionar pérdidas económicas o un mayor deterioro de su salud. Ante esta situación, muchas personas solicitan la tutela legal de su familiar adulto mayor. Esto les otorga control total sobre decisiones importantes que pueden incluir directivas financieras y de atención médica. Sin embargo, para algunos adultos, esto puede generar sentimientos de resentimiento y enojo al perder el control sobre su propia vida. Recientes desafíos legales en California han contribuido a mitigar el control absoluto que algunos pueden ejercer a través de una tutela legal, como el derecho del tutelado a impugnar la tutela o solicitar al tribunal que la ponga fin. Aun así, una vez establecida, puede resultar muy difícil revocarla. Por suerte, existen alternativas a la tutela legal que puedes considerar, no solo para brindar un sistema de apoyo saludable a quien pueda quedar incapacitado, sino también para guiarlo y asistirlo cuando no pueda valerse por sí mismo, evitando así una larga batalla legal o el deterioro de una relación afectiva. 1. Poder Notarial Duradero El poder notarial duradero es una excelente manera de colaborar en decisiones financieras y de atención médica sin quitarle todos los derechos a tu ser querido. Garantiza que la forma en que se manejan sus finanzas, o los tratamientos médicos que desea o no desea recibir, sean respetados en todo momento. 2. Directiva Anticipada de Atención Médica Similar al poder notarial duradero, la directiva anticipada de atención médica especifica los procedimientos y tratamientos que deseas o no deseas recibir en situaciones concretas, sin necesidad de intervención judicial. Completa este formulario para establecer tu Directiva Anticipada de Atención Médica. 3. Fideicomiso en Vida Muchos creen que un fideicomiso en vida sirve únicamente para indicar qué sucederá con los bienes tras el fallecimiento de una persona sin pasar por el proceso sucesorio; sin embargo, un fideicomiso en vida también puede contemplar disposiciones para el caso de que una persona quede incapacitada. 4. Acuerdos de Toma de Decisiones con Apoyo Los acuerdos de toma de decisiones con apoyo permiten que la persona incapacitada conserve la autoridad sobre sus decisiones financieras y de atención médica, con el respaldo y la asistencia necesaria de una persona de confianza. Recuerda que, mientras la tutela legal solo puede solicitarse una vez que alguien ha quedado incapacitado, estas alternativas deben redactarse y firmarse cuando ambas partes están en pleno uso de sus facultades mentales y físicas. Esto le brinda a quien pueda quedar incapacitado la oportunidad de elegir a alguien en quien confíe plenamente para cumplir con las directivas establecidas. Además, le da al representante o apoderado elegido la posibilidad de aportar información valiosa sobre los deseos financieros y de atención médica de la persona antes de que esta quede incapacitada. Consulta con un abogado para conocer qué alternativas a la tutela legal pueden ser más convenientes para ti y tu ser querido. También puedes descargar nuestra Guía para Navegar el Proceso de Tutela Legal para Adultos Mayores si deseas obtener más información, herramientas prácticas y orientación compasiva sobre este proceso.

Todos hemos escuchado o visto historias sobre alguien que obtiene una orden de alejamiento porque ha sufrido algún tipo de abuso y desea mantener a alguien a cierta distancia por temor a su seguridad. Lo que no escuchamos con frecuencia, pero es igualmente prevalente, es el abuso de personas mayores. Según el Centro Nacional sobre el Abuso de Personas Mayores, entre uno y dos millones de personas mayores en los EE. UU. sufren algún tipo de abuso físico, mental o financiero. ¿Qué es el abuso de personas mayores? Los perpetradores del abuso de personas mayores pueden ser familiares, cuidadores y empleados de hogares de ancianos que privan a una persona mayor de 65 años de sus necesidades básicas de vida, o le causan daño físico, financiero o mental de alguna manera. Esto puede incluir negligencia, abandono, aislamiento, secuestro o cualquier comportamiento posterior que haga que la persona se sienta atemorizada o controlada. ¿Para qué se utiliza una Orden de Alejamiento por Abuso de Personas Mayores? Se han establecido muchas leyes para proteger a las personas mayores del abuso. Una Orden de Alejamiento por Abuso de Personas Mayores puede presentarse por los siguientes motivos: Conducta Personal, que prohíbe a la persona restringida abusar, intimidar, acosar, amenazar, llamar, enviar correos electrónicos, enviar mensajes de texto o destruir la propiedad de la persona que presenta la orden; Mantenerse Alejado, que exige a la persona restringida que se mantenga a cierta distancia (generalmente entre 50 y 100 metros) de amigos, familiares, cuidadores, el domicilio, el lugar de trabajo u otros lugares que frecuenta la persona que presenta la orden; o Desalojo, que obliga a la persona restringida a mudarse de inmediato del hogar de la persona que solicita la orden. Dependiendo del tipo de abuso alegado, a la persona restringida también se le puede prohibir poseer y/o comprar un arma de fuego. ¿Quién puede presentar una Orden de Alejamiento por Abuso de Personas Mayores? Si la persona que sufre el abuso no está en condiciones de completar la documentación necesaria, la orden puede ser presentada por cualquiera de los siguientes: un tutor, fiduciario, guardián, apoderado o Guardián ad Litem (alguien con poder notarial o autorización para actuar en su nombre). ¿Qué formularios deben presentarse? Para iniciar el proceso, la persona que sufre el abuso debe completar el formulario EA-100, la Solicitud de Orden de Alejamiento por Abuso de Personas Mayores o Adultos Dependientes. También puede ser necesaria una declaración de actos específicos del pasado que hayan causado daño, para convencer al tribunal de que existe un peligro inminente. Una vez emitida la orden de alejamiento, la persona restringida debe ser notificada con la documentación correspondiente. Las autoridades pueden ayudar a hacer cumplir la orden de alejamiento sin costo alguno, pero el agente debe completar el formulario de Prueba de Notificación Personal (CLETS) (DV-200). Como siempre, lo más recomendable es consultar con un abogado para conocer las mejores opciones según su situación particular.

El surgimiento de las redes sociales es todavía relativamente reciente. En sus inicios, era como un objeto brillante y nuevo: había todo por amar y nada que criticar. Sin embargo, a medida que han crecido y la fase de luna de miel ha terminado, las opiniones sobre cómo deberían operar las empresas de redes sociales están cada vez más divididas. Esto es especialmente evidente en lo que respecta a los estándares comunitarios, la moderación y las regulaciones de censura. Las decisiones contradictorias sobre dos leyes similares en Texas y Florida ponen de manifiesto el debate sobre qué significa la libertad de expresión y cómo debe aplicarse en el contexto de la censura en redes sociales. El Proyecto de Ley H.B. 20 de Texas y el Proyecto de Ley S.B. 7072 de Florida El H.B. 20 y el S.B. 7072 comparten el objetivo de poner fin a la censura en redes sociales. Ambos proyectos prohíben a las empresas de redes sociales con al menos 50 millones de usuarios activos la posibilidad de vetar o desmonetizar contenido o usuarios en función de su punto de vista. El Tribunal de Apelaciones del 11.° Circuito falló en contra del S.B. 7072, mientras que el Tribunal de Apelaciones del 5.° Circuito respaldó el H.B. 20. Los opositores del H.B. 20 y el S.B. 7072 argumentan que: La Primera Enmienda protege a los ciudadanos de la censura gubernamental del discurso, no de la censura ejercida por una empresa privada. El Gobierno no puede obligar a una empresa privada a publicar discursos que vayan en contra de sus estándares comunitarios establecidos. Las plataformas de redes sociales tienen la obligación de ofrecer a sus usuarios una comunidad segura, libre de desinformación, noticias falsas, teorías conspirativas, propaganda y discursos de odio. Los algoritmos implementados por las plataformas de redes sociales para frenar la desinformación y las campañas de propaganda no pueden ser parciales hacia ningún lado. El Gobierno Federal debe continuar regulando estas medidas para garantizar que las plataformas de redes sociales estén protegidas contra el abuso descontrolado. Los defensores del H.B. 20 y el S.B. 7072 argumentan que: La Primera Enmienda protege la libertad de expresión independientemente de si la censura proviene de un gobierno o de una empresa privada. La línea entre la participación del Gobierno Federal en la moderación de contenidos se ha difuminado tanto, que quizás ya no exista diferencia entre la plataforma y el Gobierno. ¿Quién determina qué constituye desinformación, noticias falsas, teorías conspirativas, propaganda y discursos de odio? Ya existen mecanismos para que los propios usuarios moderen el contenido que ven; ninguna persona ni empresa debería tener la potestad de decidir qué es o no es desinformación. Los algoritmos y las entidades de inteligencia artificial son tan neutrales como las personas que los desarrollan; si un desarrollador tiene fuertes sesgos hacia un lado u otro, puede incorporar esos sesgos en el código y hacer que el sistema "aprenda" prejuicios sociales específicos. Si las empresas de redes sociales son entidades privadas, el Gobierno Federal debería retirarse por completo de su regulación y apoyo. Es difícil saber quién tiene la razón o si ambas partes tienen argumentos válidos. Es posible que sea la Corte Suprema quien deba resolver definitivamente este debate. Independientemente del lado en que se encuentre, probablemente todos podamos coincidir en algo: las amenazas de muerte, la violencia, la publicación o transmisión en vivo de asesinatos u otro material aberrante, así como la pornografía infantil y la puesta en peligro de menores, siempre deben ser prohibidas de forma categórica y no deben considerarse parte del debate sobre la censura en redes sociales.